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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA EMPRESA y EL «CORPORATE COMPLIANCE»

Ya, en la Ley Orgánica 5/2010, de 23 de junio, de modificación de nuestro Código Penal (y posteriormente, con la última reforma del año 2015), el legislador español introdujo en nuestro sistema jurídico la penalización de determinadas conductas de la empresa, que iban a suponer la asunción de responsabilidad penal por parte de las personas jurídicas. Fue una innovación a gran escala. Una modificación que nos atrevemos a tildar de sustancial y que advertía un cambio de miras en nuestro sistema penal. El legislador español en su exposición de motivos alegó que la introducción de esta novedad venía dada por los instrumentos jurídicos internacionales, y suponía una respuesta firme contra la creación de empresas como meros instrumentos para la práctica de la delincuencia. La consecuencia de esto fue la eliminación del principio penal “societas delinquere non potest” que postulaba que la persona jurídica no podía cometer delitos, debido a la ausencia de voluntad para cometerlos (dolo).

Debemos de ser conscientes de la importancia del cambio, pues suponía, a todos los efectos, una gran innovación en las directrices marcadas por los principios generales del derecho penal. La reforma del año 2015 venía a refrendar esto.

Nuestro actual Código Penal, recoge la responsabilidad penal de la empresa en numerosos artículos, con distintos tipos delictivos. Es de interés traer a colación el artículo 31 Bis de esta Normativa. Dicho precepto bifurca la responsabilidad penal de la persona jurídica en dos supuestos: el primero de ellos, cuando se cometen delitos en nombre o por cuenta de la empresa, en beneficio directo o indirecto, por los representantes legales  o aquellos autorizados para tomar decisiones por la persona jurídica u ostenten facultades de organización y control de la misma; en segundo lugar, cuando se comenten delitos en el ejercicio de actividades sociales, en beneficio directo o indirecto, por aquellos que están sometidos a la autoridad de las personas físicas identificadas en el primer supuesto, siempre y cuando éstos últimos (los representantes de la empresa) no hayan adoptado las medidas pertinentes de control, supervisión y vigilancia de su actividad. Son estas medidas, este sistema de control y prevención de delitos lo que recibe la denominación de “Corporate Compliance”.

El establecimiento del Corporate Compliance en el seno de la empresa es voluntario. Con ello queremos poner de manifiesto que el sistema opera como garante del devenir de la empresa. No obstante, es un sistema que se puede introducir después de la comisión del delito en cuestión. La diferencia entre ambos momentos temporales es crucial, como veremos a continuación. Si se adopta las medidas del Corporate Compliance con anterioridad a la comisión de un delito por los sujetos arriba referenciados, eximirá a la empresa, esto es, la librará de responsabilidad penal, siempre y cuando se cumplan el resto de requisitos recogidos en el apartado segundo del artículo anteriormente mencionado. Si por el contrario estas medidas se adoptan con posterioridad a la comisión del delito, el beneficio de la empresa será la atenuación de la pena correspondiente, pero siempre habrá responsabilidad penal, siempre y cuando así lo dictamine un Tribunal.

Como podemos ver, este término de origen anglosajón engloba un sistema de prevención frente al gran elenco de actuaciones empresariales que desembocan en delito, que a día de hoy no son pocos.

Esperamos que esta entrada sobre el Corporate Compliance y a la responsabilidad penal de la empresa, temáticas de rabiosa actualidad, os haya servido como introducción a estas importantes figuras jurídicas .

¡Estaos atentos a la próxima entrada del Blog! Daremos un salto a la jurisdicción civil.

 

Un saludo.