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EL ALLANAMIENTO DE MORADA

EL ALLANAMIENTO DE MORADA

 

Existen, según nuestra ley, tres modalidades típicas del delito de allanamiento. A saber: allanamiento de “morada personal”, de “sede domiciliaria de personas jurídicas” y allanamiento de “establecimientos abiertos al público”.

El bien jurídico que se pretende proteger mediante la tipificación de las conductas que a continuación expondremos es el de la libertad de reserva espacial y exclusión de terceras personas. No es cuestión baladí, como sabemos es un derecho recogido en nuestra norma suprema, la Constitución, concretamente el artículo 18.2 dictamina que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.”

Por lo tanto está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico (artículos 202 a 204 del Código Penal) la intromisión (allamiento) de morada.

¿Qué podemos definir como morada? Como noción penal la podríamos definir como el espacio separado del mundo exterior de manera que se prevé la intención del titular de dicho espacio de excluirlo del ámbito de terceras personas. Por lo tanto podemos decir que la esencia del acto es la libertad de la persona en un espacio localizado

Recapitulando, el tipo básico de allanamiento de morada viene regulado en el artículo 202.1 del Código Penal, que dice que el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Por lo tanto podemos contemplar las dos vertientes del tipo básico, esto es: el que entrare o el que se mantuviere en morada ajena en contra de la voluntad del morador.

A partir de este tipo básico nos podemos encontrar dos supuestos de tipos agravados, correspondientes con el artículo 202.2 y 204 C.P. El primero de ellos agrava la pena al que ejecutare el allanamiento de morada con violencia o intimidación y el segundo de ellos la agrava en función de la persona que la comete, esto es, que el tipo básico  lo cometiere cualquier  autoridad o funcionario público.

Por último, como adelantábamos al principio nos encontramos con el allanamiento del domicilio de personas jurídicas o establecimientos abiertos al público. El tipo básico viene regulado en el 203.1 CP, y dice: “Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional y oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura”.  Esta modalidad también tiene un tipo cualificado por violencia o intimidación.